La década de los ochenta, fue un punto de inflexión en la historia política y económica de México, puesto que derivado de la crisis mundial del capitalismo a inicios de dicha década, entró en vigor un modelo económico capitalista de crecimiento, con alta preponderancia en la política monetaria y control absoluto del Estado en las decisiones macroeconómicas, lo que provocó su gradual desregularización y desmantelamiento, cambiando la idea autoritaria proteccionista, por una autoritaria liberal, tal como había pasado en la época del México independiente.
Somuano y Flamand (2010) explican a un autoritarismo político mexicano pero con crecimiento económico. Con respecto a las elecciones, estas autoras concluyen y en parte responde a la pregunta sobre el “para qué” ajustarse estrictamente a este proceso electoral, independientemente del requisito de armonía con el concepto de democracia representativa, afirman que: “el papel singular de los procesos electorales en estos regímenes, más que un mecanismo de transferencia del poder, los comicios eran un medio de legitimación” (Somuano y Flamand, 2010: 237).
Entonces, la incorporación del neoliberalismo exaltó aún más la idea del autoritarismo liberal que continuaba con la defensa de las elecciones con la finalidad de legitimarse públicamente. Este paradigma vino a deconstruir al Estado mismo, rezagándolo a una función de vigilante de los poderes económicos y fue la empresa y sus procesos de expansión, que la acumulación de capital en el país, benefició a los dueños de los medios de producción para no solo controlar las élites políticas, sino también para la generación de monopolios que acaparan todo el ámbito económico y político en el país.
La idea de “la libre elección” se tomó como discurso político en la incorporación de dicho modelo económico de crecimiento, basado también en la implementación de la eficiencia, la descentralización, la competitividad y apertura internacional, así como la neodemocratización del sistema político.
En 1988, cuando fueron las elecciones para cambio presidencial en el país, ocurrió un suceso sin precedentes: en primer lugar, fueron las elecciones más reñidas de la historia de México y en segundo lugar, ocurrió el fraude electoral también más grande de la historia, en donde el representante del partido opositor Cuauhtémoc Cárdenas, virtualmente ganó la presidencia, obteniendo resultados a favor en la elección, sin embargo, la caída del sistema como alguna vez comentara Diego Fernández de Ceballos, candidato a la presidencia de la República por el PAN en el año de 1994: se cayó (calló) el sistema.
Derivado de este suceso, se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) que sustituye a la Comisión Federal Electoral y se incentivó en 1989 una nueva legislación en materia electoral con la conformación formal en 1990 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). El IFE se convirtió en la institución reguladora de las elecciones y los partidos políticos, iniciando también un proceso de ciudadanización de los procesos electorales como parte de la nueva democracia. Así mismo, se crea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) que depende del Poder Judicial de la Federación (Suprema Corte de Justicia) (González, 1990).
Continuando con los párrafos anteriores, el experimento de la democracia representativa aún no podía ejecutarse con éxito en un gobierno de un solo partido, demostrando nuevamente se hegemonía para el prevalecimiento en el poder, aunque años después, la competencia electoral aumentaría.
Se continuaba la lógica de la inmadurez del sistema de partidos políticos, por ende, no se puede lograr un sistema de elecciones eficaz, incluyente, justo y mucho menos democrático, a pesar que per se el concepto de democracia representativa es bien sabido que no es lo más correcto en materia de gobierno y participación ciudadana.
De acuerdo a Sartori (1995), un sistema de partidos políticos parte de las relaciones resultado de la competencia entre ellos; en México como se ha mencionado, el nivel de competencia no había sido significativo, hasta finales de los ochenta, en donde los movimientos de izquierda demostraron tener una fuerza política muy importante. Sin embargo, aunque un sistema de partidos se define por medio de las interacciones entre ellos, el hecho de que exista competencia, no significa que se llegue a la madurez del mismo, al contrario, estas interacciones se convierten en una relación de sometimiento bajo la ley imperiosa del más fuerte y para la instauración del partido oficial, que como veremos, la política neoliberal ha superado el color partidista y constituido su propio partido, sea cual sea la insignia.
En la década de los noventa se dio un cambio importante en el sistema político mexicano, puesto que se integraron un mayor número de partidos, como lo es el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), por lo que el aumento de la competencia política se incrementó, aunado a la incorporación de legisladores y gobernantes estatales[1] y municipales del PAN, fue contrarrestando y a su vez configurando los niveles de negociación y competencia política.
En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la idea de modernizar a un México anacrónico y proteccionista, se discutió e incorporó la nueva reforma del Estado, la cual de acuerdo a Aguilar (1992) se proponían tres objetos: i) el desmantelamiento del Estado, ii) la conversión del Estado propietario al Estado promotor, y iii) el surgimiento del Estado solidario. Aunque pareciera que el Estado solidario era un avance en materia de política social, no fue sino una justificación para darle prioridad a la inversión extranjera y las transferencias tecnológicas a costo de oportunidad de la reducción del Gasto Público en materia social, aunque éste conforme la mayor parte del Presupuesto de Egresos, no es suficiente para atender la imperante demanda de servicios y derechos sociales de la población mexicana que la mayoría vive en condiciones de pobreza y marginación (Méndez, 1994).
Como parte del impulso de la Reforma del Estado, se deriva la Reforma Electoral, en donde como se ha mencionado se crea el IFE, se procede en acuerdos con el PAN para lograr una cláusula de gobernabilidad aunado de la modernización del voto mediante la credencial de elector.
A finales del sexenio, una serie de sucesos macropolíticos y económicos marcarían el declive de la hegemonía de un partido, como lo fueron: los asesinatos de políticos de altos mandos, la insurrección el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y la desestabilización macroeconómica reflejada en una de las peores crisis de la historia de México en donde la economía cayó en más de un 6%, la inflación alcanzó cifras muy altas, el peso se devalúo, hubo fugas de capitales y al inicio del sexenio de Zedillo (1994-2000) se recurrió al rescate bancario mediante el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA).
Este escenario, marcó la pauta para que los partidos políticos por adecuarse al discurso de la democracia y la libre elección, cambiara la estrategia para ganar las elecciones, por lo que modificaron la oferta institucional a una población ya intolerante al modelo anacrónico de imposición gubernamental, una sociedad que demandaba mayores derechos sociales.
Cuándo el PRI fue rebasado en las elecciones presidenciales del 2000 por el PAN no precisamente se observa un avance en plano democrático del sistema de partidos políticos. Fernández-Crhistlieb, apunta lo siguiente:
La derrota electoral del PRI y el relevo del PAN en la presidencia de la República en el año 2000, contrariamente a lo esperado y deseado durante gran parte del siglo XX, no se tradujo en un cambio de régimen político ni favoreció un proceso de democratización del gobierno ni de la sociedad. Más que un partido político, el PRI había sido una escuela política, una escuela de formación de cuadros para la preservación del sistema y en esa lógica, al ser desplazado del poder presidencial se descubrió crudamente que desde hacía tiempo el PRI, efectivamente, había hecho escuela entre legisladores, gobernantes, funcionarios públicos y dirigentes partidistas de la oposición en general. (Fernández-Crhistlieb, 2007: 7)
En el año 2000 se produjo la tan deseada alternancia política y se saldaron tanto el déficit democrático de la Revolución mexicana como la incumplida promesa del sufragio efectivo. Diez años han transcurrido desde que se dio ese cambio político trascendental y el disfraz de la democracia continua, ahora ya no bajo la insignia de un partido, sino de una escuela, la cual eleva a la política económica-monetaria como ideología de Estado, es decir, no hay cambios de alternancia sea PAN o PRI mientras impere el neoliberalismo en la acción pública (Medina-Peña, 2010).
Con la implementación del neoliberalismo como modelo económico se ha instaurado en la ideología política del Estado, reconfigurando las dinámicas del actual sistema de partidos políticos en México, así como el debilitamiento al mismo Estado con la restricción del Gasto Público, por ende la merma de garantía de los derechos sociales. Se ha disfrazado a la oligarquía empresarial y política con la insignia de la “nueva democratización y liberalismo económico”, sirviéndose de la mediatización de los medios de comunicación y de sus instituciones, garantizando solamente la prevalencia y reproducción de los intereses aristocráticos, en donde la transición democrática del país como menciona Fernández-Christlieb, no es más que un autoritarismo renovado, pero con un mayor grado de sutileza y demagogia que se apoya en el consumo.
Ahora las relaciones de partidos políticos, gobierno y sociedad, se dan desde un esquema de mercado, marketing, persuasión, semiótica del poder en los conscientes e inconscientes colectivos. Se ha instaurado un sistema de partidos políticos mediatizantes y mediatizados por otros mecanismos de intervención hegemónica, ahora ya no de un partido dictador, sino de un modelo económico imperante, cuyos objetivos son la constitución de la estabilidad macroeconómica en beneficios de unos cuantos y la guerra de la información concierne a través de los medios de comunicación y la vendimia de los votos como producto y los partidos como marcas.
Desde el fraude del 2006, vuelve la discusión de la democracia representativa truncada y la violación de los derechos electorales de la población, volviendo a preguntarse el porqué y para qué conservan el sentido de la elección si se regresa al sentido de la imposición.
Lo que es claro, que más allá de la legitimación del poder público de la ahora “escuela dominante” disfrazada de democracia o de algún partido político que enarbole al neoliberalismo, se busca ahora la legalidad y persuasión de la hegemonía, desde un marco jurídico y psicosociológico.
Actualmente, el sistema de partidos políticos está en proceso de renovación, derivado de la discusión de la Reforma del Estado impulsada por el PRI. Un escenario de competencia interna de los partidos políticos por nombrar a los candidatos de las próximas elecciones presidenciales, generando cada vez más disgregación entre ellos mismos, como parte de la contienda electoral desde una perspectiva de mercado y marketing. Cabe mencionar, que se ha sustituido la injerencia del caudillismo por la del crimen organizado en las élites de poder, creando mafias en los mismos grupos de los partidos políticos. Y que el acercamiento oferta-demanda continua con la garantía de los derechos sociales y la generación de un ambiente laboral y competencia, pero continuando con problemáticas estructurales de antaño: el subdesarrollo, desigualdad en la distribución del ingreso, pobreza, corrupción, impunidad…la lista es larga.
Referencias
1. Aguilar, L. 1992. Las reformas mexicanas: hechos y agenda. En, Levine, el desafío neliberal. Norma: Colombia.
2. Escamilla, A. 2010. Presidencialismo y elecciones en México. En el cotidiano, vol 25 (160), Marzo-Abril. UAM: México. En línea: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32512766007.pdf
3. Fernández-Christlieb, P. 2006. Crisis de la Democracia Electoral. En González Casanova, P. (coord.), Los conceptos fundamentales de nuestro tiempo. Instituto de Investigaciones sociales de la UNAM: México.
4. Fernández-Christlieb. 2007. De la transición democrática a un autoritarismo renovado. UNAM: México.
5. González-Gómez, F. 1990. Historia de México: Del Porfirismo al Neoliberalismo. Quinto Sol: México.
6. Medina-Peña, L. 2010. El maderismo: la oportunidad perdida. FCE: México.
7. Méndez, J. 1994. La Reforma del Estado en México: alcances y límites. En, Gestión y política pública vol 3(1). México. En línea: http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/num_anteriores/Vol.III_No.I_1ersem/MJL_Vol.III_No.I_1sem.pdf
8. Sartori, G. 1995. Teoría de la democracia. El debate contemporáneo. ¿Puede la democracia ser cualquier cosa? Alianza Universidad: España.
9. Singer, M. 2010. Partido Dominante y domesticación de la oposición 1951-1963. FCE: México.
10. Somuano, F. & Flamand, L. 2010. De las regiones al centro. La influencia del factor local en las reformas electorales federales. FCE: México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario